El documento emitido por la Intendencia de Prestadores de la Superintendencia de Salud, del 3 de agosto de 2023, afecta a 92 programas de especialización médica de 11 universidades, situación que afectará directamente la certificación de aquellos colegas que han aprobado o que estén en proceso de aprobar dichos programas.
Este jueves, nuestro Presidente, Dr. Patricio Meza, junto a la Presidenta de la Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile, Dra. Carmen Gloria Aylwin, se reunieron con el Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Andrés Bernasconi, para plantearles su preocupación por los efectos que pueda tener la Resolución Exenta N° 3566 de la Intendencia de Prestadores de la Superintendencia de Salud, del 3 de agosto de 2023, que revoca la inscripción, en el Registro de Entidades Certificadores, de once universidades, respecto de 92 programas de formación de especialistas cuya acreditación no se encuentra vigente, que afectará directamente la certificación de aquellos colegas que han aprobado o que estén en proceso de aprobar dichos programas, además de insistir en la necesidad de una solución ante la incapacidad del sistema actual para acreditar programas de especialización en Medicina.
«Creemos que fue una reunión muy positiva. Llegamos a varias conclusiones, porque es un tema que realmente nos preocupa y vamos a agendar reuniones tanto con ASOFAMECH, con la ministra de salud, con la CNA, para abordar en conjunto las distintas estrategias que pueden pasar a través de proyectos de ley así como alternativas administrativas. Pero lo que está claro es que nosotros perseguimos y así lo hemos solicitado y corroborado que todos los programas sean acreditados, porque una de las cosas que nos preocupa dentro de cualquier reforma de la salud es la calidad en la formación de los médicos especialistas que atenderán a toda la comunidad en nuestro país, pero que se les den las facilidades a los colegas para poder cumplir con su respectivo registro», señaló el Dr. Meza.
Cabe recordar que la Ley 20.129, en virtud de las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.091, estableció un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior integrado por organismos puramente estatales como el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y la Superintendencia de Educación Superior, eliminando, así, la posibilidad de que agencias privadas participaran en la acreditación de programas de posgrados, como APICE, corporación creada por la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH), Academia Chilena de Medicina, Asociación de Sociedades Científicas Médicas (ASOCIMED) y Colegio Médico de Chile (A.G.).
Lamentablemente, esta modificación ha significado un gran retraso en la certificación de estos programas. A fines de 2018, 16 Facultades de Medicina ofrecían 286 programas de especialización (194 primarias y 92 derivadas) y APICE, al terminar sus funciones en el año 2018, había acreditado 174 programas (62%), con un promedio anual de 20 acreditaciones; mientras que el nuevo sistema acreditó apenas 9 entre 2018 y 2021, y solo 16 en 2022.
Si bien la acreditación de los programas de formación de especialidades médicas no es obligatoria de conformidad con lo preceptuado por la Ley N° 20.129, la falta de tal acreditación produce efectos legales, por lo que si un programa de especialización no se encuentra acreditado, los médicos que lo aprueben deberán someterse al procedimiento de certificación de su especialidad ante una de las entidades certificadoras que estén inscritas en el Registro respectivo. De no ser así, no podrán inscribirse como especialistas en el Registro de Prestadores Individuales de Salud.
La comunidad médica, en diversas ocasiones, ha manifestado a la CNA su preocupación por esta situación y ha presentado propuestas para solucionarla, como una reforma que reincorpore en el proceso de acreditación de programas de formación de especialistas médicos a agencias privadas sin fines de lucro, como APICE y que, además, se establezca la obligatoriedad de tal acreditación.
