En el contexto mundial de una emergencia sanitaria producida por la Pandemia Coronavirus COVID-19, es de vital relevancia abordar en calidad de urgente la situación de salud de la población penal y/o aquellas privadas de libertad bajo custodia del Estado.
Las personas privadas de libertad, son un grupo particularmente vulnerable debido a la naturaleza de las restricciones que ya se les impone y su capacidad limitada para tomar medidas de precaución, siendo aspectos de gran preocupación el hacinamiento y la salubridad de las condiciones en que se enfrenta esta pandemia.
La salud es Derecho Humano, que el Estado de Chile tiene que proteger y fortalecer. Frente a este desafío sanitario COVID-19 es prioritaria la protección de los Derechos Humanos de la población privada de libertad, lo que implica que deben respetarse los derechos de todas las personas afectadas y todas las medidas de Salud Pública deben llevarse a cabo sin discriminación de ningún tipo. Recae en el Estado la responsabilidad de resguardar el cumplimiento de la normativa de Derechos Humanos, tanto nacional como internacional, sucrita por Chile (Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes, y su Protocolo Facultativo, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos o Reglas Mandela3, Convención de Derechos Civiles y Políticos, etc.).
En el marco de lo anterior, se debe considerar las recientes recomendaciones efectuadas por: La Organización Mundial de la Salud(OMS), Subcomité de Prevención de la Tortura a los Estados Partes y Mecanismos Nacionales de Prevención relacionados con la pandemia Coronavirus (adoptado el 25 de marzo de 2020), así como la de distintas organizaciones de derechos humanos.
Compartimos el documento elaborado por nuestro Departamento de Derechos Humanos, que aborda esta materia.
