El Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile, manifiesta su profunda preocupación por la situación de la pandemia de COVID-19 al interior de los recintos penitenciarios en Chile.
Desde la primera semana de abril, como COLMED hicimos público un documento sobre Recomendaciones de Salud para el manejo de la Pandemia Covid-19 en personas privadas de Libertad. A la fecha nuestros Departamentos de Derechos Humanos Nacional y Regionales, han efectuado visitas a 5 Centros Penitenciarios (Puente Alto, Valparaíso, La Serena, Santiago Sur [ex Penitenciaría] y Valdivia); estos recintos reúnen aproximadamente a 10.522 reclusos, constituyendo aproximadamente el 25 % del total de la población penal del país.
A partir de la observación directa en estos recintos entre abril y mayo, hemos emitido informes que han sido puestos en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Gendarmería, Comisión de Derechos Humanos del Senado e INDH, incorporando recomendaciones de Salud, buscando ser un aporte para disminuir los efectos de la pandemia y velar por la salud de reclusos y el personal de Gendarmería.
De manera paralela hemos participado en cuatro reuniones con el Ministro de Justicia, el Director de Gendarmería, representantes y asesores de estos organismos.
Lamentablemente, a pesar de todas estas gestiones y los esfuerzos de los funcionarios de Gendarmería, podemos señalar que la propagación de la pandemia del COVID-19 al interior de estos recintos ha evolucionado en una situación sanitaria de alta complejidad, que amenaza con agravar el problema de salud pública ya existente, convirtiéndose además en un problema de seguridad para toda la población.
Al respecto cabe precisar que se ha informado por diversas vías al Ministerio de Salud, solicitando ayuda urgente, no habiendo respuesta oportuna hasta el momento. El Ministerio de Salud debe asumir su rol como Autoridad Sanitaria y no debe delegar en ningún otro órgano del Estado esta responsabilidad.
De no lograr controlar los brotes epidémicos, es esperable se produzcan los siguientes escenarios:
- Perdida de más vidas en reclusos y personal de Gendarmería, por efecto directo del COVID-19, causando alarma y descontrol de la población penal.
- Amplificación de casos que se transmitan a las comunas y ciudades donde se ubican estos recintos.
- Saturación de la Red Pública de Salud por requerimientos de atención de urgencia y camas criticas, de parte de gendarmería.
- Actos de protesta al interior y exterior de los recintos penitenciarios que provoquen hechos de violencia y perdida de vidas (motines, toma de rehenes, intentos de fuga, etc.)
Esta situación se ve aún más agravada por el reciente fallecimiento de 2 reclusos de la ex Penitenciaría de Santiago (1 de junio y 2 de junio), quienes se encontraban hospitalizados por covid-19 en el Hospital de Urgencia (ex Posta Central).
El Estado tiene la obligación legal de velar por la salud de los reclusos, de todos los servidores públicos y de la comunidad en su conjunto. El incumplimiento de esta obligación no lo exime de enfrentar todas las responsabilidades que se deriven de sus actos por acción u omisión.
Hacemos un llamado a las máximas autoridades del Estado a actuar con eficacia y oportunamente frente a esta grave situación.
