Esta iniciativa se ofrece en la UTO del Hospital del Salvador en Santiago y no entrega una solución integral compensatoria a los afectados.
Con la participación del presidente del Departamento de DD.HH. del Colegio Médico, Dr. Enrique Morales, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara Baja, analizó una serie de denuncias que han presentado las organizaciones de víctimas de trauma ocular y las falencias del Programa Integral de Recuperación Ocular del ministerio de Salud.
En la sesión de dicha comisión, el Dr. Morales, sugirió el rediseño de esta política pública por una que aborde la reparación integral, no sólo de las personas con trauma ocular, sino de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, tras el estallido social. “Si ellos son casos emblemáticos, si el Estado quiere hacer una reparación integral, lo debe hacer en el contexto correcto y adecuado, entendiendo cuál es el problema. Si el Estado quiere desarrollar una buena política pública, la responsabilidad no sólo la debe tener el ministerio de Salud, sino que el de Justicia, la fiscalía y el Parlamento”.
Asimismo destacó que desde el inicio el Departamento de Derechos Humanos del Colmed ha acompañado a las personas que sufrieron trauma ocular. “Creemos tener una explicación del por qué una política pública, a la cual se le asigna una cantidad importante de recursos, tiene este contraste tan relevante en relación a lo que opinan los representantes de las personas que se atienden versus de quienes brindan la atención”.
El especialista destacó que las reparaciones de los derechos humanos contemplan la verdad y la justicia; garantías de no repetición; reparación social y económica; rehabilitación en salud mental y física permanente de por vida y que incorpore a la familia. Sin embargo, el programa no apunta a esto. Sólo abarca una parte.
“La vulneración del derecho humano es más allá del daño físico, es también psicológico y abarca toda su vida, y también afecta a su familia, porque es ejercida por agentes del Estado quienes tienen la función de cuidar a las personas, y que en este caso ocasionan un daño evitable”, indicó el dirigente.
El Dr. Morales señaló que desde que se constituyó este programa de reparación, se asignó a la UTO del Hospital del Salvador. “Tienen la mayor experiencia a nivel Latinoamericano en muchos ámbitos, pero esta unidad no fue diseñada, ni cuenta con profesionales especializados con experiencia en tratamiento de personas que han sido vulneradas en sus derechos humanos, porque no es su función. Por su naturaleza, la UTO tiene que priorizar la lesión por criterio de gravedad. Los profesionales deben actuar por situaciones de riesgo. Además cuentan con un espacio físico insuficiente”.
Por último, el facultativo expuso dos casos de personas que se encuentran en prisión preventiva en la cárcel Santiago Uno. “Hay un joven que tiene una pérdida completa de visión en su ojo izquierdo, además de otras lesiones y que no recibía asistencia desde que ingresó al recinto. Cuatro meses después recibe atención en la UTO. Sin embargo, al volver al recinto penitenciario, no cuenta con las condiciones mínimas para su cuidado. La otra persona que tiene un trauma ocular y problemas de salud mental, es operado en mayo y trasladado a un módulo de alta peligrosidad. Se ha pedido cambio de medidas cautelares, pero los abogados del Estado apelan y quedan en prisión preventiva”.
