El Presidente de la Orden solicitó que se considere la demanda del Gremio y de otros profesionales de la salud, Fiscalía, Poder Judicial, entre otros, de ser incorporados en las mismas condiciones que el resto de los funcionarios en este beneficio.
La tarde de este lunes, y tras una primera presentación ante la Comisión de Salud de la Cámara, nuestro Presidente, Dr. Patricio Meza, nuevamente presentó los argumentos del Gremio para que incorpore a todos los funcionarios y funcionarias del sector público, sin discriminación, en el reajuste del 12%, esta vez ante la Comisión de Hacienda del Senado, en medio de la discusión del proyecto enviado desde el Ejecutivo.
«Las remuneraciones de las y los médicos han sido reajustados en años anteriores en porcentajes muy por debajo al IPC, por lo que en la práctica, con el tiempo han ido disminuyendo sus ingresos reales. Además, hemos sido discriminados en la entrega del Bono Post Laboral y el Bono COVID. Esto, en la práctica representa una disminución progresiva del poder adquisitivo», argumentó el Dr. Meza.
«Luego de más de dos años de pandemia y con el consecuente deterioro de la salud física y mental de los equipos de salud; teniendo que enfrentar una pandemia post-pandemia, producto de las largas listas de espera; con un aumento de las agresiones al personal de salud y en condiciones donde muchos deben trabajar en lugares con paredes blindadas, demuestra que quienes trabajan en estos lugares, tienen un verdadero compromiso con permanecer trabajando en la salud público del país, pero esta falta de reconocimiento por la labor que realizan es un desincentivo seguir trabajando allí, por lo que muchos podrían optar por irse a trabajar al sector privado o migrar desde lugares más pequeños o apartados a las grandes capitales regionales, buscando mejores ingresos», detalló el Presidente del Gremio.
En esta línea, consultó «si se ha hecho algún análisis de cómo este proyecto de ley va se va a traducir en un menor número de especialistas que trabajan en la red pública, cómo va a impactar en las listas de espera y quiénes serán los más afectados por ello, que sin duda serán quienes se atienden en el sector público. Es necesario que se evalúe el costo social de una ley que debilita el sector público».
Igualmente, planteó la necesidad de que todos los profesionales de la salud, y del sector público en general, tengan alguna instancia de representación cuando se negocie el reajuste, ya que el acuerdo alcanzado deja afuera a muchos de ellos.
«Creemos que los aplausos que nos dieron de la pandemia y el trato de héroes que se nos dio, se debe traducir en un reajuste sin distinciones, que permita mantener a los profesionales en todos los servicios de salud del país».
