- Nuestro vicepresidente, Dr. Patricio Meza junto a representantes de los Departamentos de DDHH y Ética, además de la presidenta del Colegio de Químicos y Farmacéuticos, sostuvieron una reunión con la directora (s) de la entidad para explicar los efectos que han tenido este tipo de elementos en la población.
Planteando la urgencia de que el Estado cuente con el análisis de los gases y sustancias que son arrojadas por Carabineros para disuadir actos violentos en el marco de manifestaciones sociales, se manifestaron el Colegio Médico y el Colegio de Químico Farmacéuticos en una reunión sostenida con la directora (S) del Instituto de Salud Pública, Judith Mora.
Esto, luego de que personas han presentado lesiones y quemaduras producto del impacto de este tipo de sustancia en diversos puntos del país.
El vicepresidente de Colmed, Dr. Patricio Meza, encabezó la delegación en la que también participaron el Dr. Enrique Morales del Departamento de Derechos Humanos y el Dr. Rodrigo Salinas, miembro del Departamento de Ética del Gremio.
En el encuentro, las autoridades de nuestra orden se manifestaron preocupadas debido a que no existe en el Estado una entidad que cuente con las capacidades y prerrogativas para realizar estos análisis.
El Doctor Meza indicó que “nos hemos dado cuenta que en nuestro país no existe la institucionalidad suficiente que permita efectivamente fiscalizar los elementos disuasivos que está utilizando Carabineros para el manejo y el control del orden público. Quedamos tremendamente preocupados ya que nuestro país ha avanzado mucho en sistemas de acreditación de fármacos y sustancias que se ocupan comúnmente deben estar sometidas a un control muy estricto”.
El dirigente gremial agregó que “nadie puede analizar que no tengan elementos que sean nocivos para la salud, tanto para los manifestantes, los mismos carabineros o para la población que vive en la zona y que se ha visto expuesta de forma crónica a gases lacrimógenos y otras sustancias. Como país debemos preocuparnos en establecer los mecanismos a través de los cuales entidades independientes puedan fiscalizar y demostrar ante la opinión pública lo que se está utilizando, sus concentraciones y determinar cuáles pueden ser los efectos tanto en la exposición aguda crítica”.
