La iniciativa recoge avances relevantes para las y los trabajadores del Estado, incluyendo el término de las 50 horas semanales para médicas embarazadas con jornadas 22/28, el carácter permanente del incentivo al retiro para funcionarios contratados por las leyes 15.076 y 19.664, y ajustes necesarios en materia de licencias médicas.
Con calificación de suma urgencia, ingresó este martes a tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley de reajuste al sector público, dando inicio formal a su discusión legislativa. Se trata de una ley miscelánea que considera una serie de disposiciones que van más allá del ajuste salarial, incorporando cerca de un centenar de modificaciones a normas de distinta naturaleza.
La iniciativa establece un reajuste general de remuneraciones parcelado, con un aumento de 2,0% a contar del 1 de diciembre de 2025 y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de 2026, lo que constituye un reajuste total de 3,428%. Además, propone un reajuste superior al 5% para las remuneraciones mínimas, junto con bonos destinados a las y los trabajadores de menores ingresos.
Junto con el componente salarial, el proyecto incorpora una serie de materias que responden a demandas gremiales largamente planteadas. En este marco, se han acogido planteamientos que el Colegio Médico ha impulsado con fuerza durante el último año, como parte de su trabajo técnico y de representación, al abordar problemáticas reales que afectan a médicas y médicos del sistema público y que no podían seguir postergándose.
Uno de los avances más significativos dice relación con el fin de una injusticia histórica: la exigencia de jornadas de 50 horas semanales para médicas embarazadas con contratos de 22 y 28 horas en el sistema público. Actualmente, estas profesionales pueden ser obligadas a cumplir 50 horas diurnas semanales, una situación que atenta contra su salud y el adecuado desarrollo de su embarazo. La indicación incorporada en el proyecto limita su jornada laboral a un máximo de 44 horas semanales. Se trata de una medida de protección que no tiene costos directos para el Estado y que resguarda la salud de las mujeres embarazadas y de sus hijos e hijas.
Asimismo, el proyecto contempla un avance relevante en materia de incentivo al retiro para las y los trabajadores regidos por las leyes médicas N° 15.076 y N° 19.664. Este beneficio, cuya vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2025, pasa a tener un carácter permanente, manteniendo sus condiciones y avanzando hacia una política más justa y acorde al reconocimiento que merecen quienes han dedicado su vida al sistema público de salud.
La iniciativa también establece un último proceso de incentivo al retiro para quienes no pudieron acogerse en etapas anteriores y, al igual que para el resto de la administración pública, fija beneficios decrecientes hasta los 73 años, una vez superado el actual límite de edad de 69 años para postular. Adicionalmente, y considerando la realidad sanitaria del país, se permitirá que quienes se acojan al incentivo —y queden inhabilitados para contratarse por el Estado— puedan suscribir convenios de prestación de servicios con los servicios de salud, especialmente para programas de reducción de listas de espera, zonas con carencia de especialistas y situaciones de emergencia sanitaria.
Finalmente, el proyecto aborda una modificación legal necesaria para permitir que médicas y médicos que hayan certificado su especialidad en Chile ante entidades autorizadas —como CONACEM u otras— puedan seguir emitiendo licencias médicas, aun cuando no hayan rendido el EUNACOM. De este modo, no se verán afectados por los nuevos requisitos establecidos en la Ley N° 21.746, que condiciona la permanencia en el sistema electrónico de licencias médicas para determinados grupos de profesionales a la aprobación de dicho examen.
«Este es un paso importante, pero ahora comienza la discusión legislativa. Esperamos contar con el apoyo de las y los parlamentarios para que estas medidas se mantengan, se fortalezcan y se conviertan en una realidad concreta para el personal de salud y para el país. Como Colegio Médico, estaremos atentos al desarrollo de este proceso y mantendremos informadas e informados a nuestros colegiados sobre el avance de este proyecto», señaló la Presidenta del Colegio Médico, Dra. Anamaría Arriagada.
