- El Gremio expresó su preocupación por el Plano Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui que, según dicen, le abrirá la puerta a proyectos contaminantes.
Como “sumamente preocupados” se mostraron en el Consejo Regional La Serena del Colegio Médico, luego de analizar la reciente aprobación por parte del GORE del denominado Plano Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui (PRI), luego que no se lograra dar una señal clara de la real participación ciudadana en este proceso.
Al respecto, el vicepresidente del Departamento de Medio Ambiente del gremio regional, Dr. Francisco Silva, indicó que “queremos saber si realmente hubo o no participación ciudadana, comprobada y certificada, en la elaboración de este plan regional. De no ser así, se habría incurrido en una falta muy grave. También, creemos que este plan regulador intercomunal va a significar un pie para aprobar diferentes proyectos con daño medioambiental irreversible que actualmente ponen en riesgo la salud de la población, de la fauna y flora y que atentan contra el medio ambiente en general, principalmente el puerto de Cruz Grande y el proyecto minero Dominga”.
Consultado acerca de cuál es la posición del gremio, si es que estos proyectos siguen adelante tal como están, el médico señaló que “tenemos que velar por los intereses de la salud ambiental, por lo tanto, seguiremos apoyando a las diferentes organizaciones que estén capacitados o habilitados de hacer los reclamos pertinentes en la instancia en las cuales se pueda revertir este plan regulador. No es nuestra intención oponernos al progreso. No. Si bien valoramos que existan reglas medianamente claras en lo que respecta a proyectos medioambientales en lo sucesivo, no vemos con buenos ojos que se hayan dejado afuera a la ciudadanía y organizaciones que emanan de esta en esta consulta. Por lo mismo, vamos a estar muy atentos”, finalizó.
Cabe recordar que, por 13 votos a favor y 3 en contra, a fines de 2018 los consejeros regionales respaldaron este instrumento de planificación territorial que permitirá regular el crecimiento demográfico y económico que ha presentado en las últimas décadas el territorio provincial, generando nuevas demandas de uso de suelos disponibles, aprobación que no estuve exenta de polémica por las innumerables acusaciones por parte de diferentes organizaciones ciudadanas que acusan no haber sido consideradas.
