En relación con la cirugía realizada a la madre de la ministra de Salud en un establecimiento del sistema público, así como con los antecedentes que se han conocido posteriormente respecto de su priorización, como Colegio Médico creemos necesario señalar que el sistema público de salud se sustenta en el principio de una atención equitativa para todas las personas, basada en criterios clínicos y sanitarios.
Resguardar la confianza de la ciudadanía en dicho sistema es una responsabilidad fundamental y compartida. En ese marco, y mientras no se cuente con la totalidad de los antecedentes técnicos y administrativos que expliquen de manera clara y transparente cómo se tomó la decisión de priorización desde el inicio del proceso, estimamos que no es posible emitir juicios concluyentes sobre lo ocurrido.
Asimismo, manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la eventual filtración de antecedentes contenidos en fichas clínicas. De confirmarse, se trataría de una situación de máxima gravedad, ya que la confidencialidad de la información de salud constituye un derecho fundamental de las y los pacientes, protegido por la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, y un pilar ético esencial del ejercicio de la medicina.
En este contexto, consideramos indispensable que todos los antecedentes del caso, tanto clínicos como administrativos, sean plenamente esclarecidos a través de una investigación imparcial, que permita establecer con claridad cómo se definió la priorización de la cirugía, si los procedimientos se ajustaron a los protocolos vigentes y dónde radican las eventuales responsabilidades. Este proceso debe resguardar también a los equipos de salud involucrados, quienes podrían haber actuado en contextos de alta presión institucional y cuyas decisiones clínicas no siempre se encuentran bajo su exclusivo control.
Finalmente, como Colegio Médico reiteramos la importancia de reforzar la transparencia y los protocolos que aseguren el cumplimiento de criterios clínicos en la priorización de atenciones en el sistema público de salud, en resguardo de la equidad, la confianza ciudadana y el adecuado funcionamiento de la red asistencial.
