La instacia fue organizada por la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional y la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Participaron también representantes de la PDI, Consejo de Defensa del Estado, Suseso, Compin, Fonasa, Isapres, Imed y Medipass.
Tras el informe emitido por la Contraloría General de la República, que detectó eventuales delitos asociados al mal uso y otorgamiento de licencias médicas, la Fiscalía Nacional convocó a una reunión de trabajo interinstitucional con organismos públicos y privados relacionados con la fiscalización, emisión y control de este instrumento.
La instancia fue encabezada por el Director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna del Ministerio Público, Eugenio Campos, quien destacó que esta coordinación permitirá robustecer las investigaciones penales en curso. “El objetivo fue cómo vamos a recabar la información necesaria para el éxito de la investigación. Se trata de una causa penal, por lo tanto, está sujeta a reserva. No se entregaron antecedentes, sino que se acordaron mecanismos para acceder a ellos con rapidez y eficacia”, señaló.
Asimismo, se informó que la causa fue asignada a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, encabezada por la Fiscal Regional Lorena Parra. El equipo investigador está liderado por el fiscal adjunto de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Álvaro Pérez, con experiencia previa en el caso FONASA, que terminó con más de 35 formalizados y un juicio oral ya fijado.
“Se trata de investigaciones complejas. Si no caminamos todos en la misma dirección, el tránsito se vuelve mucho más difícil. Esta reunión fue provechosa y estamos confiados en replicar el modelo investigativo del caso FONASA”, afirmó el fiscal adjunto Álvaro Pérez.
Por su parte, la fiscal regional Lorena Parra confirmó que ya se cuenta con bases de datos previas, pero que los nuevos antecedentes serán evaluados con rigurosidad: “No tenemos aún nombres precisos ni lugares de concentración, pero toda esa información se está solicitando. Si se detectan nuevos emisores, se evaluará su eventual responsabilidad penal”, precisó.
Durante la instancia, la directora nacional del COMPIN, Valeria Céspedes, y la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, informaron un nuevo hallazgo: 1.470 médicos emitieron más de 30.000 licencias mientras ellos mismos se encontraban con reposo médico, generando un perjuicio al fisco cercano a $2.600 millones de pesos.
