El Gremio expuso respecto al impacto que el abandono y la tenencia irresponsable de animales generan sobre la salud pública, la biodiversidad y la seguridad de las personas, enfatizando la necesidad de enfrentar esta problemática desde el enfoque sanitario.
En representación del COLMED, la presidenta del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico Regional Valparaíso, Dra. Lorna Urquieta, participó en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputadas y Diputados, en el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica la normativa sobre protección de la fauna silvestre.
Durante su presentación, la Dra. Urquieta señaló que el aumento de ataques por perros de libre deambular constituye un problema sanitario creciente. Expuso que, solo en 2025, se registraron 107.364 notificaciones por mordeduras, mientras que entre 2021 y 2025 se contabilizaron 366.051 atenciones de urgencia, de las cuales el 53,8% correspondió a ataques de caninos sin tutor identificado, situación que ha motivado una alerta epidemiológica por parte del Ministerio de Salud.
La representante del COLMED también advirtió sobre la gravedad de las lesiones provocadas por ataques de jaurías, especialmente en niños, quienes constituyen el grupo más vulnerable debido a la localización de las lesiones en rostro, cabeza y cuello. Asimismo, recordó que estos eventos pueden ocasionar traumatismos graves, fracturas, infecciones e incluso poner en riesgo la vida de las personas.
En su intervención, además, abordó el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas como la rabia, la hidatidosis, la toxocariasis y otras infecciones bacterianas y parasitarias, destacando que los perros sin vacunación y de libre deambular pueden transformarse en un puente epidemiológico entre la fauna silvestre y la población humana. También alertó sobre el impacto ambiental asociado a la contaminación de espacios públicos y ecosistemas.
Desde la perspectiva sanitaria, la Dra. Urquieta explicó que las mordeduras demandan una importante utilización de recursos asistenciales, desde la atención de urgencia y la profilaxis antibiótica hasta cirugías complejas y la activación del Código Trauma en los casos más graves. Agregó que, entre 2018 y 2024, el Servicio Médico Legal registró 30 fallecimientos asociados a ataques de perros, evidenciando la magnitud del problema.
«No existe una solución única para este problema. Se requiere una estrategia nacional que combine prevención, educación, fiscalización, coordinación intersectorial y una evaluación permanente de las medidas implementadas».
La Dra. Urquieta presentó una serie de propuestas orientadas a fortalecer las políticas públicas en esta materia, entre ellas solicitar una caracterización epidemiológica nacional de las mordeduras y ataques de perros, incorporar indicadores sobre gravedad, hospitalización y mortalidad, cuantificar el impacto económico para el sistema de salud, reforzar la prevención en grupos vulnerables, actualizar los protocolos sanitarios y establecer mecanismos permanentes de coordinación entre el Ministerio de Salud, los municipios y los organismos competentes.
Asimismo, planteó que toda política pública sea evaluada mediante indicadores verificables que permitan medir su impacto en la reducción del daño sanitario.
