Durante la discusión en particular del proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado y que analizó una indicación que obligaría a establecimientos de salud públicos y privados a entregar antecedentes personales de personas migrantes, el tesorero nacional, Dr. Carlos Becerra, advirtió que el principal riesgo de esta medida es que las personas dejen de acudir a los centros de salud por temor a eventuales consecuencias administrativas, con impactos que podrían extenderse a toda la población.
El Colegio Médico de Chile participó este miércoles 3 de junio en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, instancia que continuó la discusión en particular del proyecto de ley que modifica la Ley N° 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. Entre las indicaciones en discusión se encuentra una propuesta que obligaría a organismos públicos y privados, incluidos establecimientos de salud, a entregar al Servicio Nacional de Migraciones antecedentes personales como domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos de personas extranjeras que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación.
En representación de la Orden, el tesorero nacional, Dr. Carlos Becerra, planteó que cualquier medida que pueda generar temor en las personas migrantes para acudir a establecimientos de salud debe ser evaluada considerando sus efectos sobre la salud pública, la confianza en el sistema sanitario y el acceso oportuno a la atención. La comisión, presidida por la senadora Danisa Astudillo, no alcanzó a votar las indicaciones durante la sesión, quedando postergadas para una nueva instancia.
Compatibilizar política migratoria y derecho a la salud
Durante su exposición, el Dr. Becerra señaló que el debate debe centrarse en cómo compatibilizar los objetivos legítimos de la política migratoria con el derecho a la salud y la confianza que requieren las personas para acudir a los centros asistenciales.
“El sistema sanitario es un lugar donde las personas buscan cuidados para su salud. Esa relación requiere confianza y está amparada por el secreto profesional y por la legislación vigente sobre derechos y deberes de los pacientes”, sostuvo.
El dirigente recordó que la confidencialidad de la atención, la protección de datos sensibles y la relación de confianza entre pacientes y equipos de salud forman parte de los principios que resguarda la legislación sanitaria chilena. Asimismo, destacó que distintos instrumentos internacionales establecen que el acceso a la atención de salud no debe estar condicionado por la situación migratoria de las personas.
Riesgos para la salud pública
El Dr. Carlos Becerra explicó que la principal preocupación del Colegio Médico no radica únicamente en la entrega de información requerida por la autoridad migratoria, sino en el efecto que la medida podría generar sobre la confianza en el sistema sanitario. A juicio de la Orden, si las personas perciben que acudir a un establecimiento de salud puede derivar en consecuencias administrativas vinculadas a su situación migratoria, podrían postergar o evitar consultas, controles preventivos y tratamientos.
“Cuando las personas dejan de asistir a los centros de salud, el problema no afecta solamente a quienes están en situación migratoria irregular. También puede impactar la salud pública del país”, señaló.
Como ejemplo, el tesorero nacional se refirió a los programas de vacunación y a la necesidad de mantener altas coberturas para evitar brotes de enfermedades transmisibles “Cuando yo necesito que no existan brotes de sarampión en Chile, necesito que más del 90 por ciento de los niños estén vacunados. Si yo tengo un bolsón de población que va a tener miedo de ir a ponerse las vacunas, voy a empezar a tener grupos de niños que van a estar desprotegidos del sarampión y eso eventualmente, como ya lo ha mostrado países del primer mundo, ha generado brotes de sarampión y de otras enfermedades que creíamos o estábamos en camino a erradicar”, argumentó.
El dirigente agregó que las consecuencias podrían extenderse a otras patologías transmisibles para las que Chile cuenta con programas de control y seguimiento. “En el caso de otras enfermedades infecciosas, como el VIH y la tuberculosis, donde existen programas consolidados en Chile que nos tienen en camino a erradicarlas, obviamente cuando una persona suspende los tratamientos porque ya no puede acceder, o porque existe este efecto disuasivo de ir a buscar su tratamiento, esas personas van a seguir transmitiendo”, explicó.
Asimismo, enfatizó que estos efectos no se limitan a la población migrante. “Esas transmisiones no van a discriminar por condición migratoria. Son enfermedades que Chile tiene todas las capacidades, la experiencia y la solvencia técnica para poder erradicar, y que hemos demorado la erradicación por efectos de este tipo de situaciones donde no logramos acceder a que la vacuna llegue al cien por ciento o no logramos que el tratamiento esté disponible para todas las personas”, sostuvo.
Más presión sobre la red asistencial
El Dr. Becerra indicó que actualmente ya existen barreras de acceso que llevan a muchas personas migrantes a utilizar los servicios de urgencia en lugar de la atención preventiva y los controles regulares.
Como ejemplo, mencionó situaciones observadas en maternidades del país y en programas de seguimiento de VIH. “Los pocos casos en Chile que existen de transmisión vertical del VIH, algo que ya debiéramos estar en camino a erradicar porque tenemos las capacidades para ello, se han producido justamente en partos que llegan de última hora a los servicios de urgencia”, explicó.
En ese contexto, advirtió que nuevas dificultades de acceso podrían traducirse en consultas más tardías, abandono de controles y un aumento de atenciones complejas que terminan presionando aún más una red asistencial que ya enfrenta altos niveles de demanda.
“Las políticas preventivas son reemplazadas más bien por una atención de urgencia en casos de complicaciones graves, que es lo que ocurre cuando una persona no se controla una enfermedad crónica y termina llegando a la urgencia con complicaciones severas. Todo eso es mucho más caro y menos eficiente en el uso de los recursos de salud que haber mantenido a esa persona en control preventivo”, señaló.
Resguardar la confianza en la atención sanitaria
El representante del Colegio Médico enfatizó que la preocupación principal de la Orden es proteger la confianza que permite a las personas buscar atención cuando la necesitan.
“Ninguna persona debería dejar de acudir a un centro de salud buscando atención médica por miedo a enfrentar consecuencias administrativas”, afirmó.
La sesión también contó con la exposición del Defensor de la Niñez, Anuar Quesille Vera, quien presentó observaciones sobre los eventuales impactos de la iniciativa en los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes.
Además de la presidenta de la comisión, senadora Danisa Astudillo, participaron los integrantes de la instancia, senadores Miguel Ángel Becker y Renzo Trisotti, y el senador Juan Luis Castro, en reemplazo de la senadora Loreto Carvajal.
