El documento que busca modificar el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios fue entregado al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y apunta a que nuestra normativa se ajuste a los convenios internacionales suscritos por Chile en la materia.
Con el fin de garantizar la integridad y los derechos de las personas pertenecientes a pueblos indígenas que están privadas de libertad, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, junto a la académica de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios, Myrna Villegas, y el vicepresidente del Colegio Médico, doctor Patricio Meza, entregaron esta mañana al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, una propuesta para modificar el apartado número 518 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y ajustarla a los convenios internacionales suscritos en la materia. Esto implica considerar dar espacio a la cosmovisión, ceremonias y costumbres de los pueblos originarios en los recintos carcelarios.
El texto fue preparado por el Centro de Derechos Humanos, el Centro de Estudios de la Justicia y el Centro de Interculturalidad y Derechos de la Universidad de Chile, con aportes del Colegio Médico de Chile. “Solicitamos realizar modificaciones que respeten la identidad de los pueblos originarios y su visión de la salud. Que se agreguen normas que incluyan la forma de ver el mundo que tienen, respetando su religión y cultura. Es el primer paso que permitan que contemos con un trato igualitario de respeto a sus costumbres y cosmovisión”, señaló el Dr. Meza.
Además, el facultativo valoró el permiso que obtuvo el machi Celestino Córdova para salir desde su centro de detención -donde cumple una condena por el caso Luchsinger-Mackay- para renovar su rehue, en una ceremonia que se realizó el pasado sábado, la cual era parte de un tratamiento prescrito por varios machi del Hospital Intercultural de Nueva Imperial.
La máxima autoridad de la Universidad de Chile, en tanto, comentó que “queremos garantizar el derecho de los pueblos indígenas en términos de las motivaciones que ellos tienen en el ámbito de la terapéutica de la salud, así como de la espiritualidad. En ese contexto en que se hacen aportes que conforman lo que son nuestros compromisos también con los tratados internacionales que tenemos, en el afán de cumplir en esta perspectiva”.
Desde 2009, tras su aprobación en el Congreso Nacional, Chile suscribió al Convenio 169 de la OIT, que establece el reconocimiento y protección de los “valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de los pueblos y respetarse la integridad de sus valores, prácticas e instituciones”. Entre otros aspectos, indica que “deberán tomarse en cuenta sus costumbres o normas internas”, y que deben tener “derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias”.
En materia penal establece que “las autoridades y los tribunales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos para tratar los casos penales” y llama a dar preferencia “a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
Actualmente la legislación penitenciaria chilena se basa en reglamentos, lo que para el Derecho Internacional representa una infracción en el principio de legalidad, ya que las limitaciones de derechos de las personas presas son decididas finalmente por autoridades administrativas y no por el Parlamento. Además, no da espacio a las necesidades especiales de grupos minoritarios al interior de las prisiones, como son, por ejemplo, las y los internos pertenecientes a comunidades indígenas.
El documento entregado al ministro de Justicia fue firmado y respaldado por los premios nacionales Humberto Maturana, Héctor Noguera; las diputadas Carmen Hertz, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados y Emilia Nuyado, Integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados; la presidenta del Colegio Médico, Dra. Izkia Siches, el sacerdote Jesuita, Felipe Berríos y el rector de la Universidad de Chile, Dr. Ennio Vivaldi.
