La doctora Juanita Fernández del Consejo Regional Valparaíso fue parte de los expositores de la sociedad civil que presentaron la situación de Antofagasta, Puchuncaví, Huasco, Coronel, Tocopilla y Mejillones.
Antofagasta, lugar de traslado y acopio de cobre, en 1995 ya presentaba una incidencia de cáncer varias veces superior al resto del país. Huasco, zona de termoeléctricas en 2015, contaba con una mortalidad infantil 5 veces superior a la media nacional. En Quintero y Puchuncaví, la mortalidad por cáncer está sobre el promedio. Esos antecedentes fueron parte de los que presentó la doctora Juanita Fernández, encargada de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional Valparaíso del Colegio Médico en las audiencias públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizada en Sucre, Bolivia.
La médica fue parte del grupo de representantes de la sociedad civil junto a Mujeres en Resistencia y Defensoría Ambiental, que realizaron una presentación sobre las denominadas “zonas de sacrificio”. La profesional indicó que “estos casos son Emblemáticos porque son zonas donde actividad industrial contaminante lleva 50 años y muestran el daño acumulativo que la exposición puede causarle a la salud de la población en otros lugares del país”.
Además, agregó que “la afectación por contaminantes es más susceptible para embriones, para adultos mayores. Hoy ya no es posible negar la relación directa entre contaminación y patologías graves de la salud. Como médicos nos resulta inaceptable que importe más la ganancia económica que la salud y el medio ambiente”.
“Queremos recomendar al menos la homologación de las normas de calidad primaria y secundaria con las normas de la OMS. La contaminación es un asesino silencioso e invisible y es la mayor amenaza para la salud pública”, finalizó.
Las posturas fueron contestadas por los representantes del Estado de Chile y de los ministerios de Medio Ambiente y Salud, quiénes entregaron información sobre las principales medidas tomadas y legislaciones involucradas en materias medioambientales, en especial en cuanto a las crisis. Pese a que descartaron que el concepto “zona de sacrificio” sea el que corresponda, reconocieron que hay problemas graves en las localidades.
La representante regional del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Birgit Gerstenberg, indicó que presenció en terreno la afectación de los Derechos Humanos y deterioro en la calidad de vida en Quintero y Puchuncaví. “Muchos procesos productivos previos a 1994 operan sin ser evaluados ambientalmente. No se posee legislación de calidad ambiental de arsénico, cadmio, cobre y plomo. Las normas de emisiones no están ajustados a los estándares de la OMS”, expuso.
La recomendación fue acelerar implementación de programas de recuperación socioambiental y desarrollar normativa dentro de los parámetros de la OMS y garantizar participación ciudadana, entre otras medidas.
