Aprobado por Acuerdo N° 226, adoptado en Sesión N° 25, del 13 de diciembre de 2019
Uno de los grandes problemas del sistema de salud chileno es su escasa protección financiera en el acceso a medicamentos. Este ítem es la principal causa de gasto de bolsillo de los hogares (38% del total), que se explica, en parte, por el alto gasto en fármacos de marca, que tienen uno de los precios más altos de la región, incluso mayores que en varios países desarrollados.
Estos problemas, que no lograron ser corregidos por la Ley de Fármacos I, motivaron un estudio del mercado de medicamentos por parte de la Fiscalía Nacional Económica, bajo la hipótesis de “una falta de competencia, que estaría provocando que las condiciones comerciales a las que pueden acceder los consumidores en el país, no sean las óptimas”.
Cabe destacar que los medicamentos son bienes de confianza (credence goods), debido a la dificultad para que una persona no experta evalúe adecuadamente su valor antes, durante y después del consumo, por lo que los individuos delegan parte de sus decisiones de consumo a personas con más conocimientos, como médicos y dependientes de farmacia.
Como Colegio Médico, creemos que los resultados de este estudio aparecen en un momento muy atingente, cuando el Gobierno ha hecho distintas propuestas para solucionar los problemas de este mercado y cuando se discute la Ley de Fármacos II. Asimismo, consideramos que algunas de las recomendaciones van en la línea de lo que hemos respaldado, como la necesidad de avanzar en la prescripción por Denominación Común Internacional (DCI), de tener un mecanismo de prescripción universal, como una receta médica electrónica, así como buscar nuevos mecanismos de actualización para los profesionales médicos, para alejar de ese rol a la industria farmacéutica.
En relación con los contenidos del informe preliminar del “Estudio de mercado sobre medicamentos”, publicado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) el 20 de noviembre recién pasado, el H. Consejo Nacional del Colegio Médico ha acordado el siguiente curso de acción, como respuesta a las observaciones formuladas:
1.- Diseñar una política de educación en torno a los conflictos de intereses que afectan a los médicos, que propenda a terminar con el elevado costo del marketing que, dirigido a la profesión médica, busca fidelizar a los profesionales con la prescripción de una determinada marca, redundando en una elevación del gasto en medicamentos y dispositivos médicos. Como parte de esta estrategia educativa,se busca entregar contenidos que releven la importancia del bienestar del paciente como interés primario de la profesión médica, promover la independencia financiera de las sociedades científicas de los aportes de la industria, sea esta farmacéutica, de alimentos o de dispositivos médicos, y desincentivar la recepción, por parte de los médicos, de regalos e invitaciones de representantes de la industria (visitadores médicos), por modestos que sean los montos involucrados.
2.- Proponemos una modificación del Código de Ética del Colegio Médico, incorporando la prohibición de recibir transferencias de valor de parte de la industria, en la forma de regalos, prebendas o invitaciones.
3.- Organizar reuniones y seminarios con autoridades gubernamentales, académicos universitarios y profesionales médicos, dirigidos a capacitar a los profesionales de la salud respecto de conceptos como bioequivalencia, equivalencia terapéutica, y requisitos para la intercambiabilidad de fármacos
4.- Aportar para una discusión crítica respecto de las políticas vigentes en Chile sobre estas materias, que constituyen el cimiento sobre el cual se funda una política moderna de fomento de uso de medicamentos genéricos. Lo anterior en el convencimiento que cualquier intento por implementar una receta médica exclusivamente por DCI, debe contar con la confianza, por parte de los profesionales de la salud, que se han tomado los debidos resguardos para asegurar la calidad del fármaco y la seguridad de los pacientes.
5.- Proponer a los centros académicos e instituciones de salud, tanto públicos como privados, el diseño y financiación de programas de educación médica continua dirigidos a los profesionales de la salud, que permitan a éstos prescindir de los cursos que imparte la industria o expertos financiados por ella, para mantener, así, la necesaria independencia de juicio que exige el análisis objetivo de la evidencia científica sobre la eficacia y seguridad de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
