La instancia, donde también asistió el Superintendente de Salud, aborda la concesión y denegación de estos beneficios desde el año 2008. El objetivo es revisar los procedimientos y las irregularidades en torno a estos procesos, además de la fiscalización por parte de las autoridades.
En octubre de 2018, se conformó una Comisión Especial Investigadora de los actos de Gobierno, de los Ministerios del Trabajo y de Salud y la Superintendencia de Pensiones, desde el año 2008 a la fecha, en relación con la concesión y denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia. La instancia presidida por la diputada Gael Yeomans, se originó tras conocerse que la AFP Provida, a contar de la reforma a las pensiones en 2008, tenía como política no cursar este tipo de siniestros, generando incentivos a sus trabajadores en esta dirección.
Como parte de este trabajo, han sido invitados a exponer el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg; el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías; representantes de la Fundación Valídame -que ha realizado diversas denuncias sobre irregularidades en estos procesos y el control en la tasa de siniestralidad por parte de las AFP-, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y de la Asociación de Aseguradoras de Chile. Y en la última reunión, fueron citados la Presidenta del Colegio Médico de Chile, Dra. Izkia Siches -quien estuvo acompañada por el Dr. Dante Barilari-, y el Superintendente de Salud, Dr. Ignacio García-Huidobro.
En su intervención, la Dra. Siches señaló que “tenemos una visión bastante autocrítica desde el rol y de los conflictos de interés que podemos tener los médicos, como también de cómo funciona el sistema de pensiones y también de licencia, además de los sistemas de financiamiento”.
En esta línea, agregó que “queda en evidencia que estos sistemas tienen mucho más enfocadas sus energías hoy en poder fiscalizar e identificar a aquellas personas que no cumplan con todas las condiciones y en intentar reducir las tasas de siniestralidad y reducir costos, sin entender que deben tener un rol de proteger y entregar los recursos a las personas cuando caen en situación de discapacidad”.
Por su parte, el Dr. Dante Barilari presentó distintos datos duros, donde explicó que se estima una prevalencia de más de mil millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, de acuerdo al Informe Mundial sobre la Discapacidad, de la Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial de 2011. Asimismo, indicó que la ausencia de estadísticas socio sanitarias adecuadas sobre incapacidad e invalidez, no se condice con el lugar creciente en la carga de enfermedad que reviste la discapacidad en salud. Y que si bien el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia de las AFP está destinado a proteger a las personas en estas situaciones, en nuestro país se da una bajísima cobertura del mismo.
La Doctora Siches puso énfasis en la necesidad “que podamos avanzar como país en tener una figura que permita que los pacientes que inician estos trámites, ya sea de sus licencias o de sus pensiones, puedan tener un apoyo mucho más fuerte que la que tienen hoy, ya sea un defensor del paciente, como existe en otros países, porque pensar que se van a poder enfrentar a los abogados de las mutualidades o las AFP, con la burocracia y dificultades que conlleva, es bastante difícil. También esperamos que la Superintendencia de Pensiones y de Salud esté haciendo una fiscalización activa, para que no existan conflictos de interés”.
Finalmente, se entregaron propuestas tendientes a implementar estrategias de optimización con enfoque de determinantes sociales del acceso a los servicios de salud, particularmente para personas con capacidades diferentes, (Enfoque de Equidad en Salud, MINSAL, Años ‘90); optimizar los espacios de participación y control social en salud en torno al acceso y cobertura de la seguridad social en salud, en particular respecto de discapacidad e invalidez (Defensoría de las Personas con Discapacidad e Invalidez) y a desarrollar líneas de mejoramiento de información y estadística, e investigación en torno a discapacidad e invalidez, que incluya la identificación de los factores de riesgo atribuibles y cobertura efectiva de protección social.
